Venezuela’s regional and parliamentary elections held on May 25 took place in a deeply undemocratic context, characterized by marked institutional opacity, particularly with regard to the criteria for the creation of the new electoral district corresponding to Guayana Esequiba; the absence of guarantees for political organizations and the electorate; the imposition of authoritarian political controls by the PSUV government elite; as well as a series of actions that demonstrate the systematic dismantling of the constitutional and legal framework.
The results presented by the National Electoral Council (CNE) lack credibility and consistency. Despite the evident low voter turnout on election day, the governing body is attempting to cover up the overwhelming abstention by inventing a new and illegal category called “active voters.” This statistical manipulation, far from reflecting the will of the people, confirms the fraudulent nature of the process. Furthermore, the allocation of seats in the National Assembly bears no relation to the data provided by the CNE’s rector, Carlos Quintero. The method used for this allocation remains a mystery, which shows that it was not the popular vote that decided, but rather deals made among the leadership.
This scenario is part of a deliberate plan to impose a new electoral system tailored to Nicolás Maduro and the PSUV leadership, designed to guarantee their illegitimate and illegal permanence in power. At the same time, a new political pact has been formed between the PSUV elite and actors who present themselves as “opponents” but who in practice act in subordination to the government’s agenda. This troupe is completed by the usurpers of the PCV’s acronym, who are presented by the official propaganda laboratories as a successful and renewed force, but who are nothing more than vulgar political mercenaries.
Added to this context is the intensification of political repression as a mechanism to sow fear and demobilize the people. Since the 2024 presidential elections, the country has witnessed the arbitrary detention of workers, students, and young people accused without evidence of serious crimes such as “terrorism”; the kidnapping of political and union leaders and human rights defenders; and the systematic harassment of journalists. All of this constitutes a strategy aimed at inhibiting popular participation and criminalizing social discontent, while also opening up dangerous spaces for foreign forces to take advantage of institutional weakness and advance their plans of aggression against Venezuela.
In such circumstances, the high abstention rate recorded on May 25 cannot be interpreted as political apathy, but rather as a legitimate form of civic protest against a system that has lost all credibility. Faced with the absence of conditions and guarantees, and in a country where the results of the 2024 presidential elections remain hidden, millions of Venezuelans chose not to validate an electoral farce. This massive abstention also reflects the fragility of the ruling elite’s power: the victory that the CNE has awarded to the PSUV has feet of clay, as it is not based on popular support, but on coercion, fear, and institutional manipulation.
The PCV reiterates its urgent call to the Venezuelan people to organize to confront the advance of authoritarianism and imperialist interference. The bourgeois blocs led by Nicolás Maduro and María Corina Machado are not an option for overcoming the political, economic, and social crisis in favor of the vast majority. On the contrary, their plans are nothing more than to defend the interests of capital and hand over our resources to imperialist powers.
Restoring the full validity of the Constitution, reestablishing the rule of law, and rebuilding a reliable electoral system are tasks of the utmost importance. We, the Venezuelan communists, remain committed to working in unity with genuinely democratic political, social, and popular forces to build an alternative power that will restore the Venezuelan people’s right to live with dignity.
We remain standing: joining forces and organizing struggles!
Las elecciones regionales y parlamentarias realizadas el pasado 25 de mayo se desarrollaron en un contexto profundamente antidemocrático, caracterizado por una marcada opacidad institucional, particularmente en lo que respecta a los criterios para la creación de la nueva circunscripción electoral correspondiente a Guayana Esequiba; la ausencia de garantías para las organizaciones políticas y el electorado; la imposición de controles políticos autoritarios por parte de la élite del Gobierno-PSUV; así como por una serie de acciones que evidencian el desmontaje sistemático del marco constitucional y legal.
Estos comicios estuvieron precedidos por la eliminación arbitraria de tarjetas electorales, inhabilitaciones políticas sin fundamento y la supresión de mecanismos esenciales para la auditoría ciudadana, como el código QR y el número de electores en las actas de escrutinio. A ello se suma la intervención judicial de organizaciones políticas legítimas, entre ellas el Partido Comunista de Venezuela (PCV), con el objetivo de neutralizar a las voces críticas e independientes.
Los resultados presentados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) carecen de credibilidad y coherencia. A pesar de que fue evidente durante la jornada electoral la escasa participación ciudadana, el ente rector intenta encubrir la aplastante abstención con la invención de una nueva e ilegal categoría denominada «electores activos». Esta manipulación estadística, lejos de reflejar la voluntad del pueblo, confirma el carácter fraudulento del proceso. Además, la adjudicación de los cargos a la Asamblea Nacional no guarda relación con los datos ofrecidos por el propio rector Carlos Quintero. El método utilizado para esta asignación continúa siendo un misterio, lo que evidencia que no fue el voto popular el que decidió, sino los arreglos entre cúpulas.
Este escenario forma parte de un plan deliberado para imponer un nuevo sistema electoral hecho a la medida de Nicolás Maduro y de la cúpula del PSUV, diseñado para garantizar su permanencia ilegítima e ilegal en el poder. Paralelamente, se ha conformado un nuevo pacto político entre la élite del PSUV y actores que se presentan como «opositores», pero que en la práctica actúan subordinados a la agenda gubernamental. Esta comparsa la completan los usurpadores de las siglas del PCV, quienes son presentados por los laboratorios de propaganda oficial como una fuerza exitosa y renovada, pero que no son más que unos vulgares mercenarios de la política.
A este contexto se suma la intensificación de la represión política como mecanismo para sembrar el miedo y desmovilizar al pueblo. A partir de las elecciones presidenciales de 2024, el país presenció la detención arbitraria de trabajadores, estudiantes y jóvenes acusados sin pruebas de delitos graves como «terrorismo»; el secuestro de dirigentes políticos, sindicales y defensores de derechos humanos, así como el hostigamiento sistemático a periodistas. Todo ello constituye una estrategia orientada a inhibir la participación popular y a criminalizar el descontento social, abriendo además peligrosos espacios para que fuerzas extranjeras aprovechen el debilitamiento institucional y avancen en sus planes de agresión contra Venezuela.
En tales circunstancias, la alta abstención registrada el 25 de mayo no puede ser interpretada como apatía política, sino como una forma legítima de protesta cívica ante un sistema que ha perdido toda credibilidad. Frente a la ausencia de condiciones y garantías, y en un país donde aún permanecen ocultos los resultados de las elecciones presidenciales de 2024, millones de venezolanos optaron por no convalidar una farsa electoral. Esta abstención masiva refleja también la fragilidad del poder de la élite gobernante: la victoria que el CNE le ha otorgado al PSUV tiene pies de barro, pues no se basa en el respaldo popular, sino en la coerción, el miedo y la manipulación institucional.
El PCV reitera su llamado urgente al pueblo venezolano a organizarse para hacer frente al avance del autoritarismo y del injerencismo imperialista. Los bloques burgueses que encabezan Nicolás Maduro y María Corina Machado no son una opción para superar la crisis política, económica y social en favor de las grandes mayorías. Al contrario, sus planes no son otros que defender los intereses del capital y entregar nuestros recursos a potencias imperialistas.
La restitución de la vigencia plena de la Constitución, el restablecimiento del Estado de derecho y la reconstrucción de un sistema electoral confiable son tareas de primer orden. Las y los comunistas venezolanos mantenemos nuestra disposición a trabajar en la unidad de las fuerzas políticas, sociales y populares genuinamente democráticas, para construir una alternativa de poder que reconquiste el derecho del pueblo venezolano a vivir con dignidad.
¡Seguimos en pie!: sumando fuerzas y organizando luchas!
